Tuesday, September 3, 2024

«El Infierno de Ser Católico en la Nicaragua de Ortega y Murillo», artículo de ABC

Articulo de ABC, Sep-04-2024.

EL INFIERNO DE SER CATÓLICO EN LA NICARAGUA DE ORTEGA Y MURILLO

Hasta la fe está prohibida en un país que se empeña en cercenar todo tipo de libertades. «Ir a misa es una odisea de la que no se sabe si regresarás», asegura un joven predicador

Por JUAN DIEGO GODOY
4 Sep 2024


«Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua». Esta es la sentencia que suele darse a los sacerdotes, religiosos y laicos que son capturados por la dictadura sandinista en la Nicaragua de hoy, en donde todo está prohibido, incluso tener fe. El gran pecado de los católicos en Nicaragua es intentar profesar su libertad religiosa.

El país vive la etapa más sombría de persecución religiosa de su historia. Solo en los últimos tres años, Nicaragua ha perdido más de la cuarta parte de su clero católico. Predicar el Evangelio ha pasado a ser una profesión de alto riesgo y los católicos se sienten como «una especie en peligro de extinción», en palabras de un joven que funge como «delegado de la palabra», el nombre que reciben los laicos que predican las enseñanzas católicas en los sectores alejados. «Casi no contamos con acceso a servicios religiosos, porque todos los sacerdotes han sido desterrados. Ir a la santa misa es una odisea de la que no se sabe si regresarás», apunta el joven, que vive en Nicaragua y que, por esa razón, prefiere el anonimato.

«No sé si volveré a Nicaragua. Quiero hacerlo, por supuesto, pero no tengo permitida la entrada y, además, sé que mi regreso implica encierro, cárcel y tortura y que puedo ser más útil aquí, en esta nueva feligresía», confiesa el padre Paco*, un sacerdote joven a quien no le permitieron la entrada a Nicaragua y vive actualmente en otro país centroamericano. Los sacerdotes encarcelados sufren de desnudez forzada, así como torturas y otros tratos crueles, luz artificial continua y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes, de acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que trabaja en informes específicos de la persecución de Ortega a la Iglesia católica. El padre Paco –que utiliza un seudónimo por seguridad– asegura que hay, por lo menos, cinco amigos suyos, también sacerdotes, de quienes no ha sabido nada desde hace un año. «Si tú puedes averiguar dónde están y si están con vida, me darías mucha paz», dice por teléfono a ABC.

Las crudas cifras

A falta de cifras oficiales, que son una utopía en la dictadura nicaragüense porque no existen y porque las que existen no son creíbles, las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos fungen como la fuente documental más confiable. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en su informe de 2024 sobre violación a la libertad religiosa en Nicaragua, contabiliza la cancelación de la personalidad jurídica de 419 organizaciones asociadas a algún carisma católico, el cierre de 22 medios de comunicación católicos, 15 inmuebles de la Iglesia católica, y la persecución a 22 religiosos católicos desnacionalizados, 42 desterrados y 65 criminalizados y encarcelados en condiciones de tortura. A estos datos hay que sumar, al menos, el caso de los 13 párrocos que fueron capturados en agosto por la policía sandinista, en la más reciente embestida del régimen contra clérigos católicos.

Según una investigación titulada ‘¿Una iglesia perseguida?’, firmada por la abogada y activista Martha Patricia Molina, desde 2018 hasta enero de 2024, ha habido 740 ataques contra la iglesia y 136 sacerdotes, 91 monjas,

seminaristas, tres obispos, tres diáconos y un nuncio apostólico han sido expulsados o desterrados del país. Y los datos no han hecho más que incrementar en 2024. Molina, exiliada en EE.UU., se ha pronunciado en redes sociales y asegura que «la Iglesia católica está viviendo en este momento la peor etapa de la represión Ortega-Murillo desde abril de 2018». En la misma línea, otro párroco exiliado que prefiere no dar nombre ni seudónimo, dice a ABC que «la dictadura aprovecha la atención mundial de otros conflictos para encarcelar a católicos en Nicaragua y continuar la persecución en medio del silencio cómplice de varias personas».

El Vaticano aún no se ha pronunciado por la situación, aunque el Papa Francisco ha pedido en múltiples ocasiones el cese de la persecución a la Iglesia en Nicaragua y el diálogo para aliviar las tensiones. Además, se conoce que la sede de la Iglesia católica ha optado por las «coordinaciones discretas» con el régimen de Managua, para lograr la liberación de los sacerdotes, quienes suelen ser desterrados depaís y encontrar refugio en Estados vecinos o en el mismo Vaticano.

Perseguir y acallar

¿Qué busca el régimen persiguiendo, específicamente, a los fieles de la Iglesia católica nicaragüense? Para Humberto Belli, coordinador de la organización opositora Concertación Democrática Nicaragüense, la respuesta a la pregunta debe ir más allá del simplismo y de la mera acción de silenciar a quien piensa distinto. Belli sugiere que muchos piensan que la intención detrás de la represión a los católicos es silenciar aquellos sectores de la comunidad cristiana que consideran desafectos. Él no lo ve así. «Si este fuera el fin, entonces no tendría explicación la expulsión de los religiosos que coordinan asociaciones y apostolados completamente apolíticos. Más allá de las motivaciones políticas, obra otra más soterrada y siniestra, que es el afán de extirpar en la población el amor y obediencia a la Iglesia».

La teoría de Belli es compartida por Héctor Lindo Fuentes, historiador de Centroamérica y profesor emérito de Historia en Fordham University: «Los gobiernos autoritarios, ansiosos por monopolizar el poder, siempre han resentido la influencia de líderes religiosos en la población. Los grupos religiosos que de alguna manera se oponen a la agenda de las dictaduras de turno pagan un precio alto por su influencia sobre la población», afirma.

Centroamérica, que ha tenido una vastedad de gobiernos autoritarios a lo largo de la historia, ha perseguido, acosado, expulsado y hasta asesinado a laicos y religiosos de la Iglesia católica desde que ésta llegó al continenonce te. El historiador sostiene que los ejemplos de represión sobran. Si bien el nicaragüense es el más actual, cabe recordar otros del siglo pasado. «El régimen militar guatemalteco expulsó a religiosas de la orden Maryknoll en 1967 y el gobierno de Anastasio Somoza García persiguió a Delegados de la Palabra a finales de la década de 1970. En El Salvador se dieron dos de los casos más emblemáticos de persecución de la Iglesia; primero, el asesinato de sacerdotes jesuitas y un grupo de religiosas estadounidenses de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y luego el famoso asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, ahora santo de la Iglesia católica», apunta Lindo Fuentes.

«Las implicaciones de esta realidad son tremendas, porque sus víctimas no son solo el estamento eclesial, sino millones de fieles a quienes se les está privando el acceso a la palabra de Dios y a los millares de niños, jóvenes en riesgo, ancianos y gente en extrema necesidad, a quienes también se les han arrebatado servicios caritativos y educativos muy valiosos», apunta Belli.

Hay, además, otra teoría en torno a la respuesta sobre los fines del régimen tras la implacable persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua. «La pareja de dictadores busca fundar un nuevo modelo de religiosidad, una desde el Estado que se construya en torno a la figura de Rosario Murillo», sugiere Eliseo Nuñez, analista político nicaragüense exiliado. Y su teoría se apoya en la excéntrica figura de la esposa del dictador. Murillo, a quienes algunos califican directamente como «bruja profesional», ha acusado a sacerdotes católicos de «terroristas espirituales». Viste con anillos, collares, pulseras de lapislázuli y otras gemas con las que se reviste de pies a cabeza y utiliza como amuletos contra la mala suerte y garantía para alcanzar sus metas espirituales.

Pero más allá de la teoría, Nuñez también coincide con los historiadores, católicos y líderes encuestados: «Ortega sabe que los púlpitos son siempre potentes de cara a la resistencia de cualquier dictadura. Este éxodo forzado y la zozobra dentro del clero es parte de la estrategia de Ortega por expulsar a todos los disidentes, y ha sido la Iglesia católica uno de los opositores más fuertes y voluminosos».

En la línea de Nuñez, fray Gabriel*, uno de los frailes dominicos que saliaron al exilio y se refugiaron en otro país centroamericano. «Como sacerdote y exiliado, veo que la persecución a la Iglesia, además de dolorosa, le ha dado credibilidad nacional e internacional a la Iglesia católica, como la única entidad que defiende al pueblo y plantó la cara por él en Nicaragua», explica el religioso, que por seguridad ha preferido usar un seudónimo. Fray Gabriel* sin embargo, considera, más allá de aplaudir el rol valiente de la Iglesia, hacer autoexamen: «No podemos obviar que también hemos cometido algunos errores, como la manera en que la Iglesia se sentó a la mesa de diálogo en el 2018, sin las habilidades negociadoras pertinentes que no ayudaron a la resolución del conflicto y solo lo empeoró», dice el fraile.

Manipulado marco legal

¿Bajo qué argumento legal puede coartarse la libertad religiosa? En una dictadura, los marcos jurídicos importan poco. Pero, a fin de intentar tener algún argumento legal, el régimen nicaragüense se ha apoyado principalmente en el Código Penal. Las normativas más comunes usadas para criminalizar a religiosos son los artículos 410, 412, 460 y 462 del Código Penal, que hablan sobre menoscabo a la integridad nacional, conspiración para cometer menoscabo, obstrucción de funciones y desobediencia a la autoridad. Además, en los últimos casos, las autoridades se han apoyado en la Ley de Ciberdelitos, así como la Ley de Defensa de derechos del pueblo o la Ley de Reforma.

El padre Ricardo* –usa un seudónimo por seguridad– roza los 80 años y también tuvo que salir al exilio de un día para otro para evitar la cárcel. Hace una pausa durante la llamada con ABC, que atiende desde Europa. Él también dejó atrás a muchos amigos y feligreses que le rogaron que se fuera. «Me dijeron que por mi edad, si me atrapaban, no resistiría las torturas. Me enojé, pero supe que tenían razón. Un diácono amigo me dijo ‘déjenos que los sacerdotes jóvenes enfrentemos esto, si Cristo eso es lo quiere’», confiesa. Suspira y luego parece reflexionar en voz alta. «Hemos estado en silencio, pero es un silencio que también habla; un silencio penitencial de ver sufrir a tu pueblo, de sentirte impotente por estar lejos». Su voz parece quebrarse y luego se aclara la garganta. «Nos sentimos un poco solos también. Recen por nosotros, pero sobre todo por quienes están capturados. Recen mucho», implora.

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*Los nombres fueron modificados por la seguridad de las fuentes.

El Amor Desafía las Normas del Vaticano y Enfrenta el Despido

Artículo de Il Messaggero, Sep-03-2024.

El amor desafía las normas del Vaticano y enfrenta el despido

Franca Giansoldati
martes 3 septiembre 2024


Esta vez el amor ha superado todas las barreras, incluso el obstáculo del despido anunciado (que en un mes será inevitable para los recién casados). El sábado pasado, en una parroquia de la costa romana, los dos jóvenes funcionarios del IOR que se habían conocido detrás de los mostradores bancarios del Torrione di Niccolò V pronunciaron el fatídico 'sí' con un grupo reducido de amigos y familiares. Romeo y Julieta de más allá del Tíber tuvieron el coraje de desafiar al poder y, sobre todo, al extraño reglamento recién publicado del Instituto para las Obras de Religión. En las disposiciones contenidas en el texto y que entraron en vigor de inmediato, hay una que hizo saltar de la silla a varios cardenales, incluso en la cima del pequeño estado pontificio, aunque nadie se atreve a pedir su derogación.

En la práctica, se prevé la terminación del contrato de trabajo a partir de 30 días después de la celebración del matrimonio. A menos que uno de los dos cónyuges decida renunciar voluntariamente al empleo. «Está prohibida la contratación de cónyuges, consanguíneos hasta el cuarto grado y afines en primer y segundo grado, según el cómputo canónico, de personas y administradores dentro del Instituto». No solo eso. «A fin de garantizar la igualdad de trato, también la celebración del matrimonio canónico entre un empleado del Instituto y otro empleado del Instituto o de otras administraciones del Estado de la Ciudad del Vaticano constituye causa de pérdida de los requisitos de contratación. Esta causa de pérdida de los requisitos de contratación se considera superada para uno de los dos cónyuges siempre que el otro cese su relación laboral con el Instituto y con las demás administraciones del Vaticano, dentro de los 30 días posteriores a la celebración del matrimonio canónico».

El feo caso estalló internamente poco después del anuncio hecho por los jóvenes. Mientras tanto, la cuestión se había inflado, rebotando en varias mesas curiales, analizada por prelados y juristas pero sin ninguna solución posible. También porque el IOR en el panorama vaticano goza de una administración autónoma y es sabido que le es reconocido por Francisco un poder casi absoluto. Por lo tanto, para los dos jóvenes la única posibilidad existente para intentar mantener su puesto de trabajo sería una intervención directa por parte del Pontífice, que hasta ahora parece no haber dicho nada.

REGLAMENTO

En compensación, los dos recién casados ya han experimentado el rigor de la administración del Instituto para las Obras de Religión, ya que fueron suspendidos por algunos días con la motivación de haber dado a conocer su historia al exterior, creando vergüenza y molestias a la poderosísima banca vaticana. Una medida que parece no tener en cuenta que desde hace meses el asunto había terminado en el centro de varias reflexiones internas, en un creciente malestar entre los trabajadores curiales que desde hace tiempo piden al Papa transparencia, equidad en la aplicación de las reglas y mayor justicia social.

LA INTERVENCIÓN

La Asociación de Empleados Laicos del Vaticano – ADLV – una especie de sindicato interno, difundió hace algunos días una amarga reflexión: «Los empleados vaticanos, en los últimos tiempos, se están interrogando sobre la naturaleza del trabajo en la Sede Apostólica y el sentido del servicio. Ser parte de la comunidad de empleados vaticanos debería significar ser miembro de una familia especial, caracterizada por valores específicos – los del “evangelio del trabajo” y la doctrina católica sobre el trabajo humano, siempre viva en la tradición de la Iglesia – que le confieren un rasgo distintivo peculiar respecto a las empresas externas, especialmente privadas. Como también sostiene el Papa Francisco: “Trabajar es propio de la persona humana: expresa su dignidad de criatura hecha a imagen de Dios”». ¿Pero es realmente así?

LA RÉPLICA DEL IOR

El IOR, después de un largo silencio, explicó que la norma en cuestión que costará el puesto de trabajo a uno de los dos jóvenes, fue introducida en el marco de las reformas deseadas en estos años por el Papa Francisco y antes aún por Benedicto XVI. «El objetivo del Instituto es exclusivamente garantizar condiciones de igualdad de trato entre todo el personal empleado durante todo el período de permanencia en servicio, así como en la fase de contratación respecto a los candidatos externos. Dado que el Instituto reúne a poco más de cien empleados en una única sede, sin sucursales, tal norma es de hecho fundamental para prevenir tanto inevitables conflictos de interés de tipo profesional entre los aspirantes cónyuges interesados, como la aparición de posibles dudas de gestión familiarista entre su clientela o el gran público», explican en una nota, añadiendo que el nuevo reglamento estaba en proceso desde hacía tiempo. Para poder introducir esta nueva regla, los dirigentes del banco del Papa tuvieron que esperar «la jubilación de uno de los cónyuges de la última pareja (de cinco) aún en servicio durante el período anterior» en el que de hecho había un vacío legislativo.

Por lo tanto, «aunque protegiendo a sus empleados en caso de matrimonio entre colegas, el Instituto protege la prevalencia del interés público del que es portador, en cuanto Entidad Central de la Iglesia. Interés público que, necesariamente, debe prevalecer sobre los intereses individuales de los empleados individuales».