Estuvo 20 años y unos pocos días más como secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, ahora Dicasterio, Mons. Juan Ignacio Arrieta quien, a AdVaticanum, intenta explicar el decreto y la nota explicativa del DDF, Jul-02-2026, a raíz de las consagraciones episcopales sin mandato pontificio de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En el artículo se incluyen dos informaciones no provenientes de la entrevista misma pero relacionadas con el asunto tratado, la principal de ellas, el DDF no aceptaría el recurso interpuesto por la FSSPX/SSPX contra el decreto de Jul-02-2026.
Información de AdVaticanum, Jul-18-2026. Traducción de Secretum Meum Mihi.
Follow @SECRETUMMEUMEl arzobispo canonista Arrieta explica la respuesta del Vaticano a los obispos de la FSSPX
Niwa Limbu
18 de Julio de 2026
El arzobispo Juan Ignacio Arrieta, exsecretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y canonista, habla en exclusiva con AdVaticanum sobre la respuesta del Vaticano a las últimas consagraciones episcopales de la FSSPX, explicando qué significa en la práctica el reciente decreto para la Fraternidad, su clero y los fieles, incluyendo la validez de las confesiones y los matrimonios de la FSSPX.
En una entrevista exclusiva para AdVaticanum, el arzobispo Arrieta, antiguo Secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, ha dijo que la revocación de las facultades necesarias para la administración válida del sacramento de la Confesión para la FSSPX requiere la directa autorización del propio Papa.
La intervención del veterano canonista se produce tras la respuesta formal de la Santa Sede a las últimas consagraciones episcopales ilícitas de la Fraternidad. Las consagraciones han llevado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe a emitir un decreto que declara excomulgados a los obispos implicados y advierte al clero y a los fieles que no se adhieran a lo que describe como un “movimiento cismático”.
Arrieta declaró a AdVaticanum que las recientes consagraciones son “una profunda herida a la unidad de la Iglesia instituida por Cristo”, haciéndose eco de la advertencia del Papa León XIV, emitida poco antes de que la ceremonia tuviera lugar. Rechazó la justificación que la Fraternidad ha esgrimido durante mucho tiempo, según la cual circunstancias extraordinarias crearon un “estado de necesidad” que permitía las consagraciones episcopales sin la aprobación papal.
“El argumento del ‘estado de necesidad’ invocado no parece razonable”, dijo el Arzobispo, argumentando que la consagración de obispos “es un elemento extremadamente sensible de la estructura misma de la Iglesia” y se llevó a cabo “en directa desobediencia al sucesor del Apóstol Pedro”.
Para el arzobispo Arrieta, la disputa va más allá de una simple ofensa canónica. Arrieta dijo a AdVaticanum que las últimas consagraciones revelan una divergencia más profunda en la eclesiología, y afirmó que demuestran que el razonamiento de la Fraternidad “se basa en una jerarquía de valores y categorías muy diferente a la que enseña la Tradición de la Iglesia Católica”, lo que hace que el diálogo doctrinal futuro sea “sumamente problemático”.
Su valoración situó los últimos acontecimientos dentro del patrón histórico establecido en 1988, cuando el arzobispo Marcel Lefebvre consagró a cuatro obispos sin mandato papal a pesar de meses de negociaciones con Roma. El arzobispo Arrieta recordó que el cardenal Édouard Gagnon había realizado una visita canónica al seminario de la Compañía de Jesús en Écône mientras se llevaban a cabo simultáneamente esfuerzos para restablecer la comunión.
Señala que las negociaciones decisivas fueron lideradas por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y culminaron en un protocolo de acuerdo alcanzado a principios de Mayo de 1988. Según Arrieta, Lefebvre posteriormente se retiró de dicho acuerdo y rehusó firmarlo, poniendo fin así al esfuerzo de reconciliación.
Más allá de los debates teológicos, el arzobispo Arrieta dijo que Roma también había estado examinando posibles estructuras canónicas que pudieran acoger a la Fraternidad dentro del marco del Código de Derecho Canónico de 1983, en caso de que se llegara a un acuerdo.
Cuando esas negociaciones fracasaron, la atención se centró en establecer lo que se convertiría en la Pontificia Comisión Ecclesia Dei para ayudar a aquellos que deseaban seguir vinculados a la liturgia antigua sin dejar de estar en plena comunión con la Santa Sede.
El arzobispo Arrieta también señaló a AdVaticanum que, si bien la Santa Sede declaró excomulgados a Lefebvre, al obispo Antônio de Castro Mayer y a los cuatro obispos recién consagrados en 1988, nunca cuestionó la validez de sus ordenaciones episcopales, “entre otras cosas porque hacerlo habría reabierto cuestiones ecuménicas ya resueltas”.
El arzobispo también recordó que el papa Juan Pablo II emitió posteriormente el motu proprio Ecclesia Dei, confirmando que las consagraciones constituían un acto cismático al tiempo que establecía la Comisión Ecclesia Dei. Más de dos décadas después, en 2009, la Congregación para los Obispos levantó las excomuniones impuestas a los cuatro obispos supervivientes consagrados por el arzobispo Lefebvre, a pesar de que la competencia sobre tales ofensas graves ya había pasado a la Congregación para la Doctrina de la Fe tras Sacramentorum Sanctitatis Tutela.
Según Arrieta, esa transferencia de competencias explica por qué el presente caso ha sido gestionado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en lugar de por otro departamento del Vaticano.
Respecto al reciente decreto y la nota explicativa, el arzobispo Arrieta distingue primero entre los dos documentos publicados recientemente por el dicasterio. El decreto que declara excomulgados a los obispos, explica, es lo que los canonistas describen como “un acto debido”. En lugar de introducir una nueva pena, declara formalmente una situación jurídica ya establecida por el derecho canónico a través de la propia ofensa.
“Los dos documentos emitidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe son de naturaleza y alcance diferentes. El decreto ahora emitido representa, por parte del dicasterio, lo que se suele denominar un ‘acto debido’, en el sentido de que era un acto que el dicasterio estaba obligado a realizar; se limita a cumplir lo que prescribe el canon 1387 del Código, declarando para conocimiento general que los seis obispos involucrados se encuentran en situación de excomunión”.
Arrieta también señala que el obispo co-consagrante incurrió en la misma pena automática, haciendo referencia a una declaración interpretativa de 2011 emitida por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos sobre ordenaciones episcopales ilícitas en China. En ese caso, surgieron dudas sobre si los obispos habían actuado libremente bajo la presión de las autoridades civiles, lo que generó incertidumbre sobre si, de hecho, se había incurrido en una sanción automática. Argumenta que, en las circunstancias actuales, no existe tal incertidumbre, lo que hace necesario un decreto formal.
Añade que el decreto también contiene una advertencia formal al clero y a los fieles contra la adhesión al cisma.
“De hecho, lamentablemente, incluso el obispo co-consagrante ha incurrido en la pena automática del mencionado canon… En la situación presente no se plantea tal cuestión, por lo que el dicasterio tuvo que emitir un decreto formal de excomunión… El decreto actual del dicasterio también contiene una advertencia formal al clero y a los fieles para que no se adhieran al cisma”.
En referencia a la nota doctrinal explicativa, el arzobispo Arrieta explica que este segundo documento difiere fundamentalmente en su propósito. En lugar de declarar sanciones, explora las posibles consecuencias canónicas para quienes se identifican formalmente con la Fraternidad tras los últimos acontecimientos.
Señaló que la nota se basa directamente en un documento explicativo de 1996 emitido por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que examinaba la situación jurídica de los católicos asociados al movimiento Lefebvrista tras las consagraciones de 1988.
Ese texto anterior concluía que las ordenaciones episcopales ilícitas habían “constituido la consumación de una situación progresiva global de índole cismática” y afirmaba que “hasta que no haya cambios que conduzcan al restablecimiento de esta necesaria communio, todo el movimiento lefebvriano debe considerarse cismático”.
Arrieta subrayó que la nota de 1996 distinguía cuidadosamente entre la realidad moral del cisma y el delito canónico que conllevaba sanciones legales. Asimismo, establecía que la adhesión formal requería tanto la aceptación interna de las posiciones cismáticas como su manifestación externa, criterios que se aplican de manera diferente al clero y a los fieles laicos.
Sin embargo, advierte que determinar la situación jurídica de los fieles a título individual sigue siendo considerablemente más complicado que evaluar el estatus de los propios obispos.
Más allá de la nota explicativa, el arzobispo Arrieta afirmó que muchos católicos comunes vinculados a las capillas de la Fraternidad pueden haber actuado de buena fe, en particular aquellos que han asistido a ellas durante décadas o que se criaron dentro de esas comunidades.
El exsecretario argumenta que algunos podrían catalogarse dentro de los principios enunciados en el decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, relativo a los cristianos bautizados criados en comunidades eclesiales separadas. Asimismo, observa que la buena fe genuina podría constituir un “estado de necesidad” suficiente para impedir la aplicación automática de las penas canónicas previstas en el canon 1324. El derecho canónico, señala, exige una grave culpabilidad personal por malicia o negligencia antes de que se puedan imponer sanciones.
Al mismo tiempo, el arzobispo Arrieta insiste en que este principio no puede invocarse indiscriminadamente. “Nuestra conciencia no es autónoma y debe obedecer las enseñanzas y la autoridad de la Iglesia”, afirma, añadiendo que la responsabilidad personal depende, en última instancia, de la formación y el conocimiento de cada individuo.
También señala que, además de los seis obispos identificados en el decreto del dicasterio, los cómplices “sin cuya ayuda no hubiera sido cometida la ofensa” incurren igualmente en la misma pena automática según el canon 1329.
Quizás la parte más significativa desde el punto de vista práctico del análisis de Arrieta se refiere a la validez de los sacramentos administrados por el clero de la FSSPX tras el último cisma.
Afirma que, en las circunstancias actuales, el ministerio ejercido por los sacerdotes de la Fraternidad es ilícito salvo en caso de peligro de muerte. No obstante, la validez depende del sacramento en cuestión. La confesión y el matrimonio ocupan un lugar singular, ya que ambos requieren facultades canónicas específicas para su validez.
En cuanto a la confesión, Arrieta recuerda que el Papa Francisco otorgó a los sacerdotes de la FSSPX facultades para oír confesiones válidas durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia de 2015 mediante la encíclica Misericordiae Vultus. Al concluir el Jubileo, Francisco extendió esas facultades indefinidamente mediante la carta apostólica Misericordia et Misera en Noviembre de 2016.
Dado que esas facultades fueron otorgadas directamente por el Papa, Arrieta argumenta que solo otro acto papal podría revocarlas.
“Estos sacerdotes recibieron la facultad de oír confesiones mediante un acto pontificio, y se requiere un acto de la misma naturaleza para revocarla”, afirma, al tiempo que observa lo que describe como la paradoja de que los sacerdotes ejerzan facultades otorgadas por el Papa y, al mismo tiempo, actúen en desobediencia al Romano Pontífice.
AdVaticanum también puede revelar que contactó al arzobispo John Joseph Kennedy, secretario de la Sección Disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, para solicitar aclaraciones sobre si se había emitido alguna carta apostólica, mandato pontificio u otro acto papal que revocara las facultades otorgadas a los sacerdotes de la FSSPX para escuchar válidamente confesiones. El dicasterio se negó a responder a la pregunta, limitándose a decir: “Sin comentarios”.
El matrimonio, sin embargo, presenta una situación canónica diferente.
En 2017, el Papa Francisco instruyó a la Comisión Ecclesia Dei para que permitiera a los obispos diocesanos delegar en los sacerdotes de la FSSPX la facultad de asistir válidamente en matrimonios en casos individuales, salvaguardando así la forma canónica exigida por la Iglesia. Según explicó Arrieta a esta publicación, dichas facultades dependían de la delegación de los ordinarios locales, en lugar de una facultad universal directamente vinculada a todos los sacerdotes de la Fraternidad.
Tras las últimas consagraciones episcopales, considera improbable que los obispos diocesanos puedan ahora otorgar legítimamente tales facultades.
“Las circunstancias actuales hacen improbable que un obispo pueda otorgar legítimamente tal facultad”, afirma, concluyendo que, por lo tanto, los matrimonios presenciados por sacerdotes de la FSSPX serían “canónicamente nulos por falta de forma canónica”.
Los seis obispos recién excomulgados se encuentran en una situación aún más grave. Arrieta señala que la declaración de excomunión les impide recibir los sacramentos y ejercer el ministerio eclesiástico, lo que conlleva mayores consecuencias morales y canónicas si se desobedecen dichas prohibiciones.
En desarrollos más recientes, la FSSPX ha impugnado formalmente el decreto del Vaticano del 2 de Julio. El arzobispo Arrieta no estuvo disponible para hacer más comentarios debido a su apretada agenda, ya que presentó sus respuestas antes del recurso preliminar de la Fraternidad. Sin embargo, esta publicación puede revelar que un sacerdote del DDF declaró a AdVaticanum que es improbable que se admita la apelación, puesto que se trata de una excomunión latae sententiae basada en una ofensa notoria. El dicasterio no “impuso” la pena, que es automática, sino que simplemente la “declaró” en el decreto para conocimiento público de los fieles. La única forma de levantar una excomunión latae sententiae requiere, como punto de partida, el arrepentimiento del ofensor por el acto cometido.
